Cuando esta  en juego la libertad individual, el honor o el patrimonio, lo primero que debe hacerse es consultar a un profesional. Lo importante es velar por el escrupuloso respeto de las garantías procesales del cliente.

En este sentido podría ayudarles en las siguientes materias:

·        Delitos económicos: apropiación indebida, estafa, falsedades, delitos societarios, blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsificaciones, etc.

·        Delitos contra la persona: lesiones, homicidio, asesinato, etc.

·        Delitos de tráfico: alcoholemias, exceso de velocidad, conducción sin carné, desobediencia a la autoridad, conducción temeraria y omisión del deber de socorro.

·        Delitos contra el patrimonio: robo, hurto, receptación, daños, defraudaciones, etc.

·        Delitos contra la salud pública: tráfico de estupefacientes.

·        Delitos administrativos y políticos: cohecho, prevaricación, urbanísticos, tráfico de influencias, malversación, fraudes, negociaciones prohibidas, corrupción e infidelidad en custodia documentos

·        Delitos contra la hacienda pública: delito fiscal.

·        Delitos de violencia doméstica.

·        Delitos contra la libertad: detención ilegal, secuestro, amenazas, coacciones, tortura y contra la integridad moral.

·        Delitos contra el honor: calumnia e injuria.

·        Delitos contra la seguridad social y contra los derechos de los trabajadores.

·        Delitos contra la libertad sexual: agresión sexual, abuso sexual, acoso sexual, etc.

·        Delitos contra la intimidad: descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de morada.

·        Delitos contra los derechos y deberes familiares: abandono de familia, impago de pensiones, sustracción de menores, etc.

·        Delitos contra los extranjeros.

·        Delitos contra el patrimonio histórico.

·        Delitos contra la administración de justicia: prevaricación, encubrimiento, acusación y denuncias falsas, simulación de delitos, falso testimonio, obstrucción a la justicia, deslealtad profesional, quebrantamiento de condena.

·        Delitos contra las instituciones de Estado, contra los derechos fundamentales y libertades públicas, cometidos por funcionarios.

·        Delitos contra el orden público: atentados contra la autoridad, resistencia y desobediencia, tenencia, tráfico y depósito de armas.

·        Además de otros.